ESPAÑA

La dificultad de ejercer cierto grado de vigilancia sobre los conductores que tienen el hábito de conducir con más ha llevado a la Seguridad Vial y a la DGT a plantearse la instalación del sistema alcolock (un alcoholímetro que bloquea el arranque cuando se sobrepasa la tasa programada) en los vehículos de los reincidentes.

Fuentes de la fiscalía han explicado a La Vanguardia que, por ahora, la medida sólo se aplicaría a aquellos infractores sancionados en la vía administrativa y no por la vía penal. Quienes acumulasen un cierto número de multas de estas características serían sancionados con la instalación de alcolock en sus coches. El costo estimado del aparato en un turismo normal es de unos 800 euros, que correrían a cargo del infractor como parte de la sanción impuesta.

El alcolock consta de un etilómetro conectado al mecanismo de arranque. Una vez conectada la llave, el conductor debe soplar durante cinco segundos en la boquilla del alcoholímetro. Sólo si la medida es inferior al límite legal, el mecanismo permite que el motor comience a funcionar.

Los fiscales consideran que hay probadas experiencias en países como Suecia, Estados Unidos y Canadá que demuestran los efectos positivos del mecanismo dado el elevado grado de reincidencia en la conducción etílica entre los bebedores habituales.

Sólo en los dos primeros años de funcionamiento del carnet por puntos (julio 2006-2008) se han formulado más de 250.000 denuncias por infracciones de alcoholemia, lo que da idea del alcance del problema. Traducido a muertes, los datos más fiables son los que proceden de las autopsias de conductores que realiza el Instituto de Toxicología Carlos III. Los últimos resultados, del 2006, arrojan que cerca de un tercio tenían alcohol en la sangre. Puesto que los analizados fueron sólo los conductores, y dado que en los accidentes son muchos los pasajeros muertos, se estima que las muertes en accidentes de tráfico vinculadas al alcohol se podrían situar entre el 40% y el 50% del total.

La reciente entrada en vigor del Código Penal, en diciembre del año pasado, también ha dado pruebas de hasta qué punto la conducción en estado de ebriedad está instalada en muchos puntos de la geografía española. La amenaza con penas de cárcel no ha sido suficiente para que más de 4.000 conductores hayan pasado por los juzgados en los últimos siete meses. Sólo en los 15 días que ha durado la campaña especial de control de la alcoholemia realizada en junio por la Guardia Civil fueron detenidas 783 personas por esta causa al superar el índice de 0,6 miligramos de alcohol por litro de aire. Y eso que la campaña había sido anunciada a bombo y platillo por la DGT.

Los datos que se muestran son sólo los que tiene la DGT, que representan sólo una mínima parte de las infracciones que realmente se cometen. En el 2007 se realizaron 4,3 millones de pruebas, para un parque formado por 27 millones de vehículos, y un 2,1% de estas pruebas dieron resultado positivo.

Por si fuera poco, y a modo de ejemplo, la policía sueca realiza anualmente unos 2,5 millones de test de alcoholemia en una población de 9 millones de personas, lo que los aproxima a uno por cada tres habitantes al año. En España, los 4,3 millones realizadas el año pasado representan menos de uno de cada diez residentes. Y los suecos creen que todavía están muy lejos de conseguir un control realmente efectivo en este terreno.

Las medidas para reducir el exceso de alcoholemia en las carreteras contrastan con las que se han tomado para reducir el exceso de velocidad. Así, para saber a qué velocidad circulan los vehículos en determinados tramos de la red viaria española, se llevan varios años instalando cientos de radares que multiplican la capacidad de control de los radares móviles. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que llegarán a ser 2.000 en los próximos años. Pero en el caso de los controles de alcoholemia deben participar varios agentes convenientemente equipados con etilómetros y realizar atestados individuales, lo que entraña un tiempo considerable.

En paralelo a los trabajos de Tráfico con la fiscalía, el grupo parlamentario socialista acaba de presentar una proposición no de ley para que se estudie la posibilidad de que todos los autobuses escolares lleven instalado el alcolock.La medida ya ha sido aprobada en Francia, donde será obligatoria a partir del curso 2009-2010. Aunque la accidentalidad del sector es muy baja, los expertos coinciden en que este es el eslabón más débil por la fragilidad de los pasajeros y por su impacto sobre la opinión pública.

Por ahora, en España no se ha planteado extender la medida a otros vehículos, como otros medios de transporte público o camiones que transportan mercancías peligrosas.