MEXICO

El tercer tribunal colegiado en materia administrativa confirmó el 3 de febrero un criterio emitido por un juez federal de primera instancia, respecto de que no proceden las suspensiones en vía de amparo contra los arrestos administrativos hasta de 36 horas que se emiten contra aquellos conductores que no pasan la prueba del alcoholímetro.

El tribunal también ratificó que las demandas de amparo contra ese tipo de detenciones deben desecharse de inmediato si la demanda no viene firmada por el quejoso.

Sin embargo, este precedente judicial no frenará lo que en el argot de los abogados se conoce como coyotaje ni acabará lo que en los hechos ya se identifica como la industria del amparo contra el alcoholímetro, pues de los 16 juzgados federales que reciben este tipo de demandas de garantías en el Distrito Federal únicamente el juez decimoquinto, Sergio Urzúa, ha sostenido el criterio antes mencionado, que ayer fue confirmado en segunda instancia al resolverse un juicio de amparo en revisión.

Si en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite una jurisprudencia que confirme el criterio del tercer tribunal colegiado, entonces sí se acabaría con el negocio de los coyotes, quienes obtienen los nombres de los detenidos y, tras cobrar 4 mil pesos, promueven los amparos sin el conocimiento ni firma de los quejosos.

Según consta en estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a partir de enero de 2006 y hasta diciembre pasado, los juzgados federales de la ciudad de México habían recibido 15 mil 23 demandas de amparo contra detenciones de ese tipo, que resultan en arresto inconmutable hasta de 36 horas.

Esa cantidad de demandas sólo es superada a escala nacional, en años recientes, por los más de 200 mil amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. y los 32 mil para impugnar el impuesto empresarial a tasa única.

Los denominados coyotes que promueven la mayor parte de estos amparos han tenido éxito en su propósito fundamental que es sacar al detenido del centro de arresto administrativo, denominado El Torito, pues en 90 por ciento de los casos obtuvieron la suspensión respectiva para interrumpir el arresto antes de que se cumplan las 36 horas.