ARGENTINA

La emergencia vial en la provincia de Buenos Aires se extendió por otros seis meses, pero aún no hay consenso para modificar el Código de Tránsito.

Cuando una buena parte de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ya estaba en las rutas, el entonces gobernador Felipe Solá anunció la entrada en vigencia de la Emergencia Vial y envió a la Legislatura una nueva normativa para actualizar el Código de Tránsito provincial. Ahora, el gobernador Daniel Scioli, en uso de sus facultades, prorrogó por seis meses dicha emergencia.

Es que la emergencia dispuesta por el ahora diputado nacional Solá vencía el 31 de diciembre, y ante la falta de otro instrumento legal, Daniel Scioli dispuso la prórroga, anunciando paralelamente la instalación de radares en las rutas, autopistas y caminos vecinales para controlar y sancionar los excesos de velocidad.

Eduardo Lavecchia, titular del Comité de Seguridad del Tránsito en la Provincia, destacó "la importancia de mantener el criterio de la emergencia vial sobre las motivaciones fundamentales que tienen que ver con los excesos de la velocidad, la confianza y el alcohol". En ese sentido, afirmó que el uso del radar para medir la velocidad a la que circulan los vehículos "es un elemento más de las autoridades para verificar el incumplimiento de la ley".

Serán más de cien los sistemas que pondrán en funcionamiento, de los cuales entre 30 y 40 ya están instalados. En cuanto a la polémica que genera esta medida, Lavecchia aseguró que "los únicos que se quejan son los infractores, ya que quienes respetan las normas no tienen de qué quejarse", y aclaró que los lugares donde se dispondrán estarán señalizados.

Un poco de historia

El Senado provincial aprobó el proyecto que plantea una sustancial modificación del Código de Tránsito, que el Poder Ejecutivo giró a principios de 2007 cuando declaró la emergencia vial en todo el territorio. Sin embargo, en la Cámara de Diputados el tema nunca consiguió el consenso necesario para alcanzar la sanción.

El proyecto que giró Felipe Solá entonces sufrió importantes modificaciones en la Comisión de Transporte de la Cámara alta, pero nunca fue considerado seriamente en Diputados.

El senador Guillermo Pérez -presidente de la Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos- señaló que "el Código tiene directa relación con el proyecto nacional, atendiendo al cumplimiento y mejoramiento de las condiciones del tránsito, y recalcando la importancia en la protección de los habitantes de nuestra Nación". De esta manera, el nuevo Código buscará prevenir siniestros, tanto como establecer un eficiente sistema de traslado de personas, vehículos y cargas entre distintos puntos de la jurisdicción provincial.

El miércoles 27 de junio de 2007 se aprobó en el Senado bonaerense el proyecto referente al nuevo Código de Transito para la provincia de Buenos Aires. Fue el propio Pérez quien lo presentó en el recinto y ofició de miembro informante de la bancada oficialista.

Guillermo Pérez, actualmente senador del FpV-PJ, mencionó que para la elaboración del proyecto final se recurrió a la participación en conjunto con el CoProSeVi, así como con el aporte de funcionarios del Poder Ejecutivo, de sus ministerios de Gobierno, Seguridad, Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.

Además, Pérez agradeció a miembros de la Asociación de Jueces y Secretarios de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, a las asociaciones civiles de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, a los legisladores -en general y en particular a aquellos que integran la Comisión de Transporte- , y al equipo de asesores que se desempañan a su lado, los cuales también brindaron asistencia a la confección del mismo.

El proyecto, por momentos, amenazó con quedar varado en la Comisión de Transporte, pero el grupo de legisladores que la integra, incluyendo a su presidente, siempre mostró optimismo con su avance, al tiempo que remarcaban las modificaciones que fueron introduciendo.

Conflictos

En principio, desde los mismos laboratorios de tránsito del FpV advirtieron que el proyecto de ley que reforma el Código de Tránsito generó roces, incluso hacia el interior del bloque político.

El malestar en torno a esa ley que Solá envió a la Legislatura y que el Senado terminó aprobando, gira en torno a tres puntos del proyecto: quién será la autoridad de aplicación de los controvertidos radares -municipales o provinciales-; quién actuará en los controles de alcoholemia -autoridades locales o provinciales- y cuál es el límite para la "publicidad en ruta" que, según la norma, apunta a solucionar la "contaminación visual", pero que para muchos esconde otra discusión de fondo relacionada con el negocio de la estática. Según el proyecto, la autorización deberá ser de la Dirección de Vialidad provincial.

También la discusión llegó al seno del bloque oficialista en cuanto a los alcances del proyecto en torno a la regulación de las marchas y cortes de calles. En el proyecto se establece que quienes quieran manifestarse deberán solicitar permiso a las autoridades y además responder por los eventuales destrozos, personalmente o contratando un seguro. Además, según el texto, se podrán prohibir las manifestaciones si no existieran vías alternativas para el tránsito.

Pero el PE envió luego tres mensajes correctivos donde se establecen nuevas pautas para los mayores de 65 años que deberán rendir el mismo examen que aquellos que lo soliciten por primera vez. Además, se solicitará la presentación de un certificado del Registro Unico de Infractores de Tránsito de la Provincia y otro del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, dos certificados que tienen un costo.

Por otra parte, el senador radical Enrique Honores exhortó al Poder Ejecutivo bonaerense a "ajustarse a los procedimientos previstos en la Constitución provincial en cuanto al establecimiento de juzgados y designación de jueces en atención a lo establecido por el decreto" del gobernador, específicamente en lo que atañe a la creación de la Justicia de Infracciones de Tránsito Provincial.

En los fundamentos de su presentación parlamentaria, señala el legislador radical que "por aplicación de principios de supremacía constitucional, los decretos de necesidad y urgencia que dicte el gobernador deben tener las mismas limitaciones que las que la Constitución nacional le fija al PEN. En tal sentido -explica- la Carta Magna prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en "materia penal", y una norma que establece infracciones con penas de arresto de hasta 60 días está regulando en materia penal en sentido amplio". Polémica que con la prórroga del decreto mantiene su vigencia.

Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que propone modificaciones la Ley 11.430 conforme a lo establecido por el decreto 40/07, a través del cual se dispuso la emergencia en la circulación vial.

Las modificaciones propuestas por el ex diputado del FpV Darío Giustozzi -quien acaba de asumir como intendente de Almirante Brown- remiten al orden de los transportes públicos de pasajeros. Allí se plantea la posibilidad de prohibir la utilización, en transportes de media y larga distancia, de los denominados colectivos de doble piso. También se pretende regular el uso de los cinturones y la implementación de Sistemas de Monitoreo Satelital de vehículos.

Nuevo Código

Entre las principales puntos del proyecto de modificación del Código de Tránsito bonaerense se destacan, y teniendo en cuenta distintas estadísticas que fueron debidamente estudiadas, la disminución de las velocidades máximas permitidas en rutas, autovías, autopistas y semiautopistas.

Entre los nuevos mecanismos de sanción que se aplicarían está la obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, así como las tareas comunitarias, nuevas metodologías que "permitirán avanzar" en torno a la prevención de siniestros y el cumplimiento de las normas de tránsito. Con su debida aplicación, en un mediano plazo, "se pretende generar una nueva cultura vial en la que prime el respeto, la prudencia y la solidaridad entre los distintos conductores", fundamentaron los legisladores.

También se contemplan cambios en torno a las sanciones de tránsito, como la jerarquización del RUIT (Registro Unico de Infractores de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires) ya que, de esa manera, se propone un sistema unificado de información respecto de antecedentes de infractores de tránsito de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. A su vez, para expedir las renovaciones de las licencias será obligatorio contar con un informe de antecedentes girado por el dicho organismo.

Atentos a información estadística de siniestralidad y a la preocupación por los jóvenes es que se establece que, para los solicitantes menores de 21 años, su licencia tendrá una validez anual, y en todos los casos la misma puede caducar por la retractación de la autorización expresada por sus padres o representantes legales, ya que estos últimos son los que responden ante la responsabilidad civil de ellos. Esta decisión, lejos de ser arbitraria, se sustenta en el cuidado y prevención de los jóvenes.

Respecto a la alcoholemia, se establece la imposibilidad de conducir ante el mínimo grado de concentración de alcohol en sangre, lo que se fundamenta en la prevención de accidentes derivados de la disminución de capacidades conductivas, que las bebidas alcohólicas provocan, en distintos grados, en las distintas personas.