ARGENTINA

Frente al creciente consumo de alcohol, el Gobierno de la Ciudad intenta cambiar la historia A pesar de la vuelta de los controles de alcoholemia en la Capital y el Conurbano, cada vez se hace más difícil detener la expansión del consumo de bebidas y drogas entre los jóvenes. Argentina figura en el quinto puesto en el ranking mundial de accidentes de tránsito, con el alcohol como una de las principales causas de víctimas fatales en rutas y calles del país.

El accidente en una ruta de la provincia de Santa Fe, que terminó con la vida de 9 alumnos y una profesora de un colegio privado del barrio de Villa Crespo, en una tragedia que involucró a dos chóferes al mando de un camión en estado de ebriedad que causó el desastre, encendió el alerta acerca de la ausencia de políticas públicas en materia de riesgos de accidentes en las rutas y en zonas urbanas del país.

Imágenes del desastre difundidas por los medios de comunicación llevaron al dolor y a la conmoción, al tiempo que sirvió para ilustrar datos sobre una realidad: la Argentina se ubica en el 5º lugar mundial en relación con la cantidad de accidentes de tránsito y el número de muertes, 10.351 de las 800.000 que se producen en todo el mundo en un año. Entre las causas de semejante descontrol, el alcohol figura en los primeros renglones junto a las drogas y psicofármacos, a la imprudencia y una deficiente señalización e iluminación pública.

Los adolescentes y jóvenes concentran todas las miradas a la hora de las responsabilidades, en efecto, los estudios sostienen que la mayor cantidad de los accidentes fueron causados por personas de 15 a 31 años.

La legislación permite que los automovilistas particulares puedan beber hasta 0,5 miligramos de alcohol, pero no se les permite ni una gota de alcohol en sangre a quienes conduzcan vehículos de transporte público y de carga.

La tragedia sucedió mientras se incrementaron los controles de alcoholemia en la vía pública durante el pasado mes de septiembre, el Gobierno de la Ciudad intenta revertir una peligrosa tendencia nacional: la magnitud de accidentes de tránsito con un elevadísimo número de víctimas fatales y una interminable lista de heridos, que significan un costo social irrecuperable en pérdidas humanas y una cuantiosa erogación monetaria para el colapsado sistema de salud pública capitalino y de la Nación.

Sin embargo, los resultados obtenidos no convencieron a los responsables de los mega operativos callejeros. Para la Guardia Urbana, la fuerza encargada de llevar adelante los controles con el apoyo de efectivos de la Policía Federal, el porcentaje del 4% de positivo en los exámenes es exiguo frente al 13% de muertos con alcohol en sangre en accidentes viales como lo muestran las estadísticas. La explicación puede darse en el carácter excesivamente promocionado de los mismos, como en la elección de los lugares y horarios de control.

Desde el área de Seguridad Vial porteña, la directora intenta una explicación ante el revés de los números, 'la idea es que los controles sean sorpresivos y que la gente sepa que pueda encontrarlos en cualquier barrio de la ciudad, no solamente en determinados lugares'. Patricia Cárcova reconoce la existencia de una insalvable dificultad legal, que muy probablemente la Legislatura se verá obligada a estudiar, 'cada vez que se encuentra un caso positivo, hay que pedirle instrucciones al fiscal contravencional de turno y llamar a un policía autorizado a labrar el acta, por lo que todo se demora mucho'.

El inicio de los controles de alcohol a los conductores ciudadanos es una asignatura pendiente de las autoridades de la Ciudad. Prácticamente inexistentes durante largo tiempo mientras las estadísticas oficiales y de ONG´s disparan el crecimiento incontrolable en conductas sociales que requieren de medidas de concientización y de educación vial, a la vez de acciones policiales de prevención en las calles.

Desde el Gobierno de la Ciudad se sostiene que 'se pasó de 27 puestos de control en enero pasado a 262 puestos en julio y 271 en agosto. Mientras en el primer mes del año solamente 783 conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, el mes pasado se realizaron 7.547 exámenes'. Pero, los porcentajes en los controles positivos obtenidos no responden a la realidad. 'En el mes de agosto, alcanzaron el 4,11% de los controles realizados y en los siete meses anteriores del año habían estado siempre por debajo del 4%', afirman las autoridades. Aunque, de los informes oficiales se desprende que el 13% de los muertos en accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tenía alcohol en sangre. Toda una contradicción.

Un reciente estudio realizado en Estados Unidos demuestra que el alcohol interviene en el 25% de las muertes de personas del grupo etario de 15 a 29 años. Su costo directo agrega 19.000 millones de dólares anuales al sistema de salud de Estados Unidos, mientras que para la economía en general, el costo es de 18.000 millones de dólares. Como factor de riesgo para la carga mundial de enfermedades, el alcohol compite con el tabaco.

A nivel mundial está clasificado en quinto lugar entre los riesgos para la salud (después del tabaco) y salvo en Canadá y Estados Unidos, es el número uno en todos los demás países. Del otro lado de la General Paz Estadísticas que causan escalofrío: uno de cada cuatro automovilistas que conducen durante el fin de semana por la ciudad de La Plata como en los diferentes municipios del Conurbano bonaerense registra niveles de alcohol en la sangre superiores a los establecidos por la ley. De hecho, uno de cada diez conductores duplica el máximo permitido, según se desprende de una serie de relevamientos en calles y avenidas realizados en los últimos meses.

Las cifras son elocuentes a la hora de señalar al alcohol como principal responsable para tamaña locura, 'en el 85% de los accidentes graves que ocurren los fines en La Plata están involucrados conductores alcoholizados'. Para las autoridades, 'el 25% de los 17.000 automovilistas sometidos a controles de alcoholemia en lo que va del año en las noches de jueves, viernes y sábado en las principales avenidas de La Plata tenían más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el límite establecido por la legislación actual, y el 10% de los conductores registraban más de un gramo de alcohol por litro'.

Lo mismo se dio en el Gran Buenos Aires. Funcionarios del área vial de la provincia expresan que 'el porcentaje de automovilistas alcoholizados se redujo notablemente si se compara con el nivel registrado el año último, cuando un 36% de los conductores examinados (unos 17.000) tenía demasiado alcohol en la sangre'.

En sintonía con las estadísticas, el ministro de salud provincial, Claudio Mate, admitió 'que esa adicción está relacionada con el aumento de la mortalidad adolescente en la provincia, que actualmente está cercana al millar de casos anuales, más del doble de los 400 casos por año registrados hace una década'.

Al igual que en todo el país, en la provincia los jóvenes ceden ante la adicción por las bebidas alcohólicas, y ello tiene 'indudable peso en los casos de accidentes y lesiones', tal como sostienen los estudios oficiales. Éstos afirman que 'el 29% de los jóvenes de entre 16 y 26 años abusan del alcohol'. Para los especialistas, se produce el abuso cuando se consumen más de 100 centímetros cúbicos de cualquier bebida alcohólica en una sola sesión.

Los controles policiales ratifican esos números, 'es considerable el porcentaje de conductores alcoholizados detectados, en comparación con operativos realizados con elevados niveles de alcoholemia'. Sobre los controles y las penas en la Ciudad Puede ser una avenida de la zona norte de la ciudad, o una calle del triste sur capitalino. O cualquier avenida del superpoblado Conurbano bonaerense.

Siempre es lo mismo, una escena nocturna donde personal municipal y policial detienen a conductores, principalmente jóvenes, quienes de mala gana se prestan a cooperar con las autoridades, quien mira con toda resignación el alcoholímetro electrónico que indica la marca de 1,30 gramos de alcohol.

En esa ocasión, el joven rodeado por un grupo de amigos manifiesta había concurrido a una fiesta. Y lejos de reconocer el error les recriminan de mala manera a la policía y a la Guardia Urbana, '¿ninguno de ustedes se toma una cervecita cuando termina de laborar?'. Desafiantes, les gritan a viva voz, '¿por qué no van a perseguir chorros?' El episodio termina con la confiscación del auto por la Federal, el enojado conductor no tenía registro de conductor.

Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Ciudad aseguran que 'en la práctica, la persona que se niega a soplar en el alcoholímetro es revisada clínicamente por un médico del SAME y no se la deja continuar manejando si el profesional considera que no está en condiciones de hacerlo'.

El año pasado, la justicia contravencional dio luz verde a la prueba del ticket del alcoholímetro, cuestionada por algunos abogados pero el medio más idóneo para medir el nivel de alcohol en sangre en la calle. Respecto de la pena que le cabe a quien es detectado con un positivo en el control, el artículo 111 del Código Contravencional de la Capital sanciona con una multa de 200 a 2.000 pesos y de 1 a 10 días de arresto a quien conduzca en estado de ebriedad.

Inexplicablemente, la norma no penaliza a quienes se nieguen a someterse a la prueba. Martín Lapadú, un fiscal contravencional que adquirió notoriedad con intervenciones mediáticas, sostiene que 'el criterio predominante es dejar la pena en suspenso y aplicar lo que llamamos regla de conducta, que consiste en el retiro del registro por espacio de 30 días y la obligatoriedad de realizar y aprobar un curso de seguridad vial, que dura 4 días'.

Lo cierto es que en la mayoría de los casos las causas terminan en un arreglo entre el fiscal y el imputado, con la homologación del juez, en lo que se conoce como juicio abreviado. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 'si bien los esfuerzos de la salud pública están dirigidos a reducir el consumo de alcohol en la población en general, la dependencia del alcohol sigue siendo un problema crítico para los individuos y sus familias.

Por lo general el síndrome incluye preocupación por el alcohol, consumo compulsivo, deterioro físico y mental, y falta de voluntad para dejar de tomar'. La OMS considera que el alcoholismo es un trastorno de la salud mental con raíces biológicas, psicológicas y sociales.

Por un control de la venta de alcohol a finales de agosto, en la Legislatura porteña ingresó un proyecto de ley con la firma del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, con el objeto de crear un organismo de control estatal abocado a la coordinación de la prevención y el tratamiento de las adicciones, y un registro público para la venta de alcohol, similar al existente en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias argentinas. Entre los fundamentos, se cita que frente a 'la falta en la Ciudad de Buenos Aires de acciones tendientes a la prevención del consumo y abuso de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol, los psicofármacos o las drogas ilegales; a la ausencia de datos veraces sobre esas prácticas, y la necesidad de coordinar el trabajo de diversas áreas gubernamentales motivaron a un grupo de legisladores porteños a impulsar la creación de un organismo interministerial que ordene las tareas en torno a la prevención y el tratamiento de las adicciones'.

Para conocer los datos oficiales con respecto a lo que sucede con los jóvenes en el territorio porteño hay que ir hasta la Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media de 2001, elaborada por la Secretaría de Programación para la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), allí se puede leer que en el año previo al estudio el 72 por ciento de los alumnos había fumado tabaco y el 40 por ciento había bebido alcohol. Mientras que el 17,3 por ciento de los varones y el 8,3 por ciento de las mujeres había consumido alguna droga ilegal', manifiestan en el texto los legisladores porteños Diego Kravetz, Ana Suppa e Inés Urdapilleta.

Ellos coinciden en que 'en la segunda encuesta de la Sedronar del 2005 la muestra de la ciudad no fue representativa y, por tanto, no se pudo contar con la información estadística necesaria para considerar la evolución del problema'. La existencia de poca y confusa información en el ámbito capitalino motivó a los impulsores de la iniciativa a 'sugerir que en el organismo propuesto haya un Observatorio, encargado de monitorear y dar seguimiento epidemiológico y sociocultural, en el tema de sustancias psicoactivas y prácticas de riesgo adictivo, de creencias, actitudes y prácticas de consumo asociadas con otras problemáticas de salud'. También, se debería 'evaluar estrategias y mensajes preventivos de carácter masivo' dirigidos en particular a la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Ciudad. 'Hay un montón de estudios que no se hacen y por eso no tenemos datos en los que apoyarnos a la hora de elaborar políticas.

Por otra parte, hay drogas que hace 20 años no existían y hoy están naturalizadas', explicó Urdapilleta. Entre otras funciones, el nuevo organismo tendrá que elaborar programas de prevención para las escuelas y los medios, capacitar a los integrantes del sistema de salud en el tratamiento y detección de adicciones, controlar y autorizar la comercialización de bebidas alcohólicas, para lo cual los legisladores presentarán otro proyecto de ley, que crea un registro de comercializadores.

Un proyecto de ley que tiende a crear las condiciones para que en la Ciudad de Buenos Aires se tome al tema de las adicciones con mayor seriedad que en la actualidad. Un libro publicado por la OMS en 2003, titulado 'Alcohol: No Ordinary Commodity', analizó tres décadas de investigación y concluyó que es clave la disminución del consumo.

Las primeras diez medidas claves incluían leyes sobre la edad mínima, monopolios de gobierno, restricciones para los expendedores y los horarios de venta, impuestos, medidas para evitar que las personas conduzcan en estado de embriaguez, así como intervenciones breves (consejos por un médico). El aumento de la edad mínima para la compra ha sido durante mucho tiempo uno de los medios mas eficaces para reducir el acceso al alcohol.

En Estados Unidos se fijó la edad mínima en 21 años y, aunque está comprobado que se trata de una política eficaz, sólo unos pocos países han aplicado esta medida. Cuando los 50 estados aumentaron la edad mínima de 18 a 21 años, se redujeron las muertes de conductores jóvenes en un 19%.

La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Autopistas calculó que el aumento del límite de edad ha salvado 17.359 vidas desde 1975. En América Latina y el Caribe, Colombia es uno de los mejores ejemplos de éxito en cuanto a la limitación del consumo de alcohol, mediante la restricción de los horarios de venta.

Cuando Rodrigo Guerrero, médico y experto en salud pública, fue alcalde de Cali, Colombia, dedicó gran parte de sus esfuerzos a combatir el problema emergente de la violencia. Organizó encuestas que determinaron que el 40% de las víctimas de la violencia y el 26% de las personas que habían fallecido en forma violenta habían consumido mucho alcohol.

La respuesta al problema fue la aprobación de una ley semiseca, que cerraba los bares y las discotecas a la 1 de la madrugada los días de semana y a las 2 los viernes y sábados. Éstas y otras medidas lograron reducir la tasa de homicidios de 80 por 100.000, a 28 por 100.000, en un período de ocho años. Costa Rica también limita las horas y los días de venta. La ley prohíbe vender o comprar alcohol en lugares públicos después de la medianoche, el día antes y el día después de una elección nacional, y durante la Semana Santa.