MEXICO

Con el objetivo de despresurizar el Sistema de Justicia Penal para que éste brinde mayor atención a conductas de alto impacto social, a partir del 1 de julio en la Ciudad de México, los accidentes vehiculares serán atendidos ante un Juez Cívico, siempre y cuando no se acompañen de la comisión de otros delitos; aseguró la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Leticia Bonifaz Alfonzo.

Durante su ponencia, en la 18 Convención Nacional de Aseguradores, la funcionaria detalló que estas adecuaciones a la ley son resultado de la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, de reformar el Código Penal y la Ley de Cultura Cívica, para que los accidentes de tránsito vehicular, donde no ocurran delitos, sean atendidos por el Juez Cívico.

"Deja de ser delito el daño a la propiedad ajena, en su forma de comisión culposo, con motivo del tránsito de vehículos, siempre y cuando ninguno de los automovilistas conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, cuando no auxilie a la víctima de daño, se dé a la fuga, o no se cometa conjuntamente con otro delito del fuero común -entre otros cualquier tipo de lesión u homicidio- o de fuero federal", señaló.

Ante miembros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Bonifaz Alfonzo apuntó que en la Ciudad de México, los accidentes automovilísticos que ocasionan daño en propiedad ajena constituyen el 64 por ciento de la carga de trabajo de las Agencias del Ministerio Público, debido a que este tipo de eventos estaba tipificado penalmente.

De esta manera, dijo, la ley busca resolver en menor tiempo las controversias que se suscitan por los daños causados en forma culposa por el tránsito vehicular; que el patrimonio de las personas se proteja a través de medidas menos coercitivas; así como que la cultura cívica fortalezca la convivencia social, el respeto al patrimonio del conciudadano y el acatamiento de la norma como valor superior del orden social.

Indicó que el decreto, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial el 13 de marzo de 2008, entró en vigor el 1 de julio de 2008, con la creación de dos procedimientos: "conciliatorio ante el Juez Cívico, cuyo propósito es conciliar los intereses de quienes se ven involucrados en un hecho de tránsito vehicular para el pago de los daños; y contencioso, ante el Juez de Paz Civil, siendo su objetivo lograr el pago de daños, cuando no existe conciliación entre las partes".

Agregó que para el cumplimiento de las nuevas disposiciones, 120 peritos reciben ya cursos de capacitación en el análisis de causas y efectos de los accidentes de tránsito, valuación de daños y principios de ingeniería de tránsito, impartidos por docentes del Instituto Politécnico Nacional. Además, Jueces Cívicos y Defensores de Oficio tomaron un curso especializado sobre la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Destacó que la distribución de los peritos se programará en 10 puntos estratégicos de la ciudad, de acuerdo con el índice de choques ocurridos en las diferentes demarcaciones, "se les dotará de motocicleta para trasladarse al lugar de los hechos y la revisión de los vehículos, así como de equipo de protección y medios de comunicación electrónica".

Bonifaz Alfonzo detalló que en la ocurrencia de un accidente vehicular; en primera instancia, se buscará el avenimiento de las partes con la participación de las aseguradoras, mismo que, de tener éxito, se liberará de inmediato la circulación; de no ocurrir así, deberá remitir tanto a conductores como a los vehículos ante el Juez Cívico, quien tomará la declaración de los involucrados, testigos y, en su caso, agraviados.

Explicó que los peritos deberán rendir un dictamen en un plazo no mayor a cuatro horas, contados a partir de que se solicita su intervención. Con el peritaje y los demás elementos de prueba, el juzgador determinará al conductor responsable y se entregarán los vehículos.

Agregó que, de llegarse a un acuerdo, se firmará un convenio para garantizar el pago de los daños a través de fianza, billete de depósito, prenda o cualquier otro que permita la ley en la materia. Una vez cumplido este requisito, se eximirá del cumplimiento de las sanciones al responsable y se entregarán los vehículos.

En caso contrario, destacó, "se impondrá al responsable un arresto de hasta 36 horas que podrá conmutarse por una multa hasta por el monto de los daños causados. El vehículo del responsable será devuelto por el Juez, siempre que garantice mediante fianza, el pago de los daños".

En tanto, en los casos en los que el Juez Cívico envíe la demanda al Juez de Paz Civil, éste emitirá un acuerdo inicial en un plazo de seis horas, en el que ordenará la radicación del expediente, admitirá -si es el caso- la demanda y ordenará el embargo del vehículo para garantizar el pago.

Cabe destacar que durante el 2007, en la capital se cometieron un total de 24 mil 319 delitos con motivo de accidentes de tránsito vehicular. Del total de estos delitos, mil 381 casos, que representa el 64 por ciento, fueron considerados exclusivamente de daño en propiedad ajena, mientras que el resto estuvo relacionado con otras conductas delictivas como lesiones (33 por ciento), homicidio (3 por ciento), entre otras.

Asimismo, el gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), iniciarán un intenso programa de difusión de los procedimientos para que la ciudadanía conozca la importancia de las reformas en la solución de los accidentes vehiculares, de los beneficios de contar con un seguro de daños a terceros, y del Reglamento de Tránsito Metropolitano.